16 de octubre de 2025
César Mauricio Rodríguez Zárate
Colombia enfrenta una de las coyunturas fiscales más complejas de su historia reciente. El incremento del gasto público en los últimos años, aunado a las decisiones del gobierno nacional que atentan contra el equilibrio de los poderes públicos -principio fundamental del sistema democrático-, la situación de inseguridad en las regiones que afecta la productividad y la confianza, la ausencia de un diálogo técnico y político con el sector empresarial, entre otros factores, han determinado un ambiente complejo que desestimula la inversión, aumenta la incertidumbre y detiene los motores de crecimiento y desarrollo que requiere el país.
Si bien es claro que el problema fiscal del país no es coyuntural, sino estructural, desde la reconfiguración institucional del Estado con la Constitución Política de 1991, los diferentes gobiernos han asumido medidas macroeconómicas, políticas y de gasto tendientes si no a disminuir, por lo menos a aliviar el déficit.
A lo anterior se suman inflexibilidades históricas impuestas a lo largo del tiempo que aumentan la carga fiscal, como el sostenimiento de la nómina estatal, la presión del gasto social, el costo de financiamiento de salud y pensiones -de los más altos- y el progresivo otorgamiento de subsidios, que posteriormente son difíciles de eliminar, entre muchos otros factores que explican la compleja composición de las finanzas públicas del país.
Sin embargo, en el panorama actual preocupa que, por el contrario, las decisiones de política económica y fiscal recientes no han estado orientadas a la corrección de las estas fallas, sino al incremento del gasto público.
Revisando las cifras, durante este gobierno, la deuda pública neta se elevó del 53,8% del PIB al cierre de 2023, luego de su primer año de gestión (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de Colombia, 2023). Este crecimiento plantea una presión insostenible sobre el presupuesto nacional, pues el pago de intereses se ha convertido en el segundo rubro más elevado de gasto. Paralelamente, la caja del Tesoro Nacional se encuentra en mínimos históricos, con apenas 10,8 billones de pesos disponibles en julio de 2025, lo que restringe seriamente la capacidad de maniobra fiscal del Gobierno (Portafolio, 2025).
El déficit fiscal en Colombia ha alcanzado niveles que superan el 7% del PIB, cifras comparables únicamente con las registradas durante la pandemia de 2020. En los primeros cinco meses de 2025, el déficit acumulado del Gobierno Nacional Central ya equivalía al 3,1 % del PIB, lo que representa el valor más alto de la serie histórica (Ministerio de Hacienda, 2025).
Radiografía de la crisis en tres factores estructurales
El gasto de funcionamiento del Estado colombiano aumentó drásticamente en los últimos años, pasando de niveles cercanos al 15 % del PIB en la prepandemia a más del 18% en 2025. Esta expansión se explicó durante 2020 y 2021 en el sostenimiento de la economía, subsidios y programas sociales con restricción de ingreso a causa de la pandemia.
A partir de 2022 se evidenció un desbordado crecimiento de la nómina estatal, así como la ausencia de medidas fiscales para recortar el gasto y de la generación de incentivos para el sector privado que permitieran equilibrar el gasto generado durante la emergencia del COVID-19.
Si bien es cierto que las inflexibilidades ya mencionadas, expresadas en transferencias obligatorias y programas sociales de gran cobertura, determinaron una rigidez presupuestal, esta situación limita la capacidad de hacer un recorte técnico o por lo menos reasignar recursos, pues como se señaló, casi dos terceras partes del gasto son de funcionamiento y tienen un carácter obligatorio por ley.
El Presupuesto General de la Nación – PGN pasó en 2022 de $350 billones a $557 billones en 2026, reportando un incremento de 74% en solo cuatro años, ubicando al país en una posición insostenible en términos fiscales (Rodríguez, Contra la debacle de las finanzas públicas: tres propuestas , 2025). La composición del PGN ubica en el renglón de funcionamiento del Estado casi un 70% del gasto, seguido del pago o servicio de la deuda, dejando un margen muy reducido para la inversión, que es lo que finalmente permitiría crecer al país, ser competitivo y romper la desigualdad social.
Finalmente, la herramienta de planeación presupuestal del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, reconoció la imposibilidad de cumplir con la regla fiscal vigente y proyectó déficits persistentes superiores al 7% del PIB, que de por sí ya son críticos. Como consecuencia, el Gobierno planteó suspender la regla fiscal por tres años y tramitar una nueva reforma tributaria para recaudar 26 billones de pesos adicionales.
2. Recaudo insuficiente, evasión y exenciones tributarias
El sistema tributario colombiano se caracteriza por su alta complejidad, numerosas exenciones y elevados niveles de evasión, que representa una pérdida fiscal estimada entre 14 y 17 billones de pesos anuales.
El sistema tributario colombiano se caracteriza por su alta complejidad, numerosas exenciones y elevados niveles de evasión. Según el Informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y El Caribe 2025 de la OCDE, Colombia es uno de los países con mayores tributos sobre ganancias para las empresas. Pese a que la recaudación mejoró con ocasión a los ingresos por impuestos que gravan la renta, producto de la Ley 2277 de 2022 que introdujo una reforma tributaria, esta situación pone de presente la exigencia a grandes contribuyentes de imponer pagos anticipados por este impuesto, incrementando la carga a empresas grandes, alcanzando un cobro sobre la renta del 35% (OECD, 2025), tasa que ha venido creciendo, teniendo en cuenta que en 2021 se encontraba en un 21%, ubicándose por encima de Australia o México, que alcanzan un 30%.
3. Crecimiento económico débil y base tributaria estrecha
La baja dinámica de la economía es otro factor clave. El crecimiento del PIB fue de apenas 1,7 % en 2024 y se estima entre 2,5 y 2,6% para 2025, muy por debajo del potencial requerido para sostener las finanzas públicas (Banco Mundial, 2025). El lento crecimiento reduce el ingreso disponible y limita la expansión de la base gravable, dificultando cualquier estrategia de consolidación fiscal.
La crisis fiscal se caracteriza por un déficit creciente, con impacto en modelos de tributación progresiva, un aumento acelerado de la deuda pública y la caída en la liquidez del tesoro público. Al contraerse el crecimiento, se contrae la tributación sobre ese margen de expectativa del ingreso que se ve presionado, además, por elementos estructurales en el gasto público y la debilidad del sistema tributario que finalmente exacerban estos desequilibrios.
Impactos macroeconómicos y sociales
La primera consecuencia visible es la presión sobre el presupuesto. El pago de intereses de la deuda representa un costo creciente que reduce el espacio para inversión pública en infraestructura, educación y salud. En términos del impacto en el gasto social y la mejora de condiciones de bienestar de la población en general, esta restricción limita la posibilidad de financiar programas sociales de alto impacto asociados a la vivienda, agua o saneamiento básico, afectando principalmente los sectores más vulnerables.
En el plano macroeconómico, la incertidumbre fiscal debilita la confianza inversionista. La reducción en la calificación crediticia ha encarecido la deuda soberana y las emisiones de bonos, generando un círculo vicioso en el que el país debe endeudarse en peores condiciones para cubrir déficits aún mayores.
Tanto Standard & Poor’s como Moody’s redujeron la calificación crediticia de Colombia durante 2025, señalando como razones la debilidad estructural de sus ingresos y el aumento sostenido de la deuda. Esta rebaja encarece el costo de endeudamiento y limita el acceso a financiamiento externo (Reuters, 2025).
Adicionalmente, la percepción de falta de austeridad y la posibilidad de nuevas reformas tributarias han provocado resistencias sociales y un ambiente de inestabilidad política. Este escenario puede llevar a repetir experiencias de países como Argentina, donde la falta de disciplina fiscal desembocó en inflación desbordada y pérdida de confianza internacional
Propuestas hacia el crecimiento desde la viabilidad y sostenibilidad fiscal
4. Una reingeniería fiscal estructural del modelo de financiamiento del Estado
No se puede recaer en una sucesiva de reformas tributarias que no solucionan el modelo de financiamiento de los rubros y montos que generan mayor gasto en aspectos esenciales del Estado, como salud, educación y pensiones. La última propuesta de reforma tributaria del presentada ante el Congreso no soluciona de fondo la situación ya crítica de estos renglones (Rodríguez, Ni rompiendo la alcancía, 2025).
Se requieren cambios estructurales que eliminen exenciones injustificadas, reduzcan la evasión y fortalezcan la progresividad del sistema. Una reforma bien diseñada debería combinar mayor equidad tributaria con incentivos a la inversión productiva (Restrepo, 2025).
5. Austeridad fiscal y decisiones políticamente responsables
Diversos centros de pensamiento, como la ANIF, han planteado la necesidad de reducir el gasto corriente, flexibilizar la estructura presupuestal y considerar la venta de activos estatales no estratégicos. Estas medidas enviarían una señal de responsabilidad fiscal a los mercados y mejorarían la credibilidad de la política económica. (Universidad de Los Andes, 2025).
Sin embargo, la salud fiscal depende necesariamente de las decisiones políticas del Gobierno Nacional, en no agravar el problema con base en decisiones antitécnicas y burocráticas que lesionan gravemente los recursos de la nación. Es evidente que el creciente gasto de los últimos tres años, sin una emergencia que amerite la ruptura de la regla fiscal o el incremento inusitado en los gastos de funcionamiento a partir del en otorgamiento desbordado de contratos de prestación de servicios o lo que se denomina el “empleo militante” en el Estado, con fines exclusivamente políticos, lo que corroboran son decisiones irresponsables que, sin una voluntad de reducir el tamaño del Estado, procuran posteriormente corregirse mediante más tributos.
Estas decisiones con altísimo contenido político afectan la confianza ciudadana en lo público, un penoso ejemplo fue la creación del ministerio de la Igualdad mediante la Ley 2281 de 2023, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, ante el incumplimiento de la evaluación de su impacto fiscal y los vicios insubsanables para su trámite legislativo.
6. Transparencia y lucha contra la evasión
El fortalecimiento de la DIAN y la digitalización de los procesos tributarios resultan indispensables para reducir la evasión, que alcanza el 33 % en el impuesto de renta y el 23 % en IVA (Banco de la República, 2025). La experiencia comparada muestra que mejoras en administración tributaria pueden aumentar en 2 o 3 puntos del PIB el recaudo sin necesidad de elevar tarifas.
7. Estímulo al crecimiento económico sostenible
La consolidación fiscal requiere acompañarse de una estrategia de crecimiento. Sectores como energías renovables, agrotecnología e industria 4.0 ofrecen oportunidades para dinamizar el PIB y generar empleo formal. Solo un crecimiento sostenido por encima del 3 % anual permitirá ampliar la base tributaria y aliviar la presión sobre las finanzas públicas (Banco Mundial, 2025).
Conclusión
La crisis fiscal que atraviesa Colombia entre 2023 y 2025 es resultado de una combinación de factores estructurales y coyunturales: un gasto público creciente y rígido, un sistema tributario ineficiente con alta evasión y exenciones, y finalmente un crecimiento económico insuficiente agravado por decisiones políticas irresponsables, desconociendo los estudios, las recomendaciones técnicas y el rol de las instituciones autónomas creadas para tal fin como el Banco de La República o el Comité Autónomo de la Regla Fiscal – CARF.
Las consecuencias a largo plazo implican la pérdida de confianza inversionista, el aumento en el costo de la deuda y la ampliación de la ya honda brecha social, contrayendo el crecimiento y el desarrollo.
Superar esta coyuntura exige decisiones de política pública que trasciendan el corto plazo. No se puede caer en la tentación de una nueva reforma tributaria que exclusivamente amplía la base contribuyente en la clase media o productiva, sin pensar en renovados esquemas de incentivos tributarios, recorte del tamaño del Estado, austeridad fiscal y transparencia.
La relación entre ingreso y gasto público siempre será insuficiente. La única opción técnicamente viable que los esquemas de financiamiento del Estado pasen del modelo estrictamente tributario a nuevos modelos financieros público -privados basados en incentivos de crecimiento inclusivo, que está probado, son los pilares para recuperar la sostenibilidad fiscal. Todo esto pasa por la propuesta de una reingeniería fiscal del modelo de financiamiento estatal y reitero, que no acuda a la fórmula gubernamental facilista de escape de crear y ahogar con más y más impuestos. La experiencia reciente demuestra que posponer estas decisiones, solo incrementa los costos económicos y sociales de la crisis.
Bibliografía
Banco de la República. (2025). Evasión tributaria en Colombia. https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra298.pdf
Banco Mundial. (2025). Colombia: Panorama general. https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
El Tiempo. (2025). Crisis fiscal en Colombia: cómo enfrentarla sin una nueva reforma tributaria. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/crisis-fiscal-en-colombia-como-enfrentarla-sin-una-nueva-reforma-tributaria-3486464
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de Colombia. (2023). Cierre Fiscal Gobierno Nacional Central 2023. Bogotá.
Ministerio de Hacienda. (2025). Portal de Transparencia Económica. Obtenido de https://www.pte.gov.co/presupuesto-general-nacion
OECD. (2025). Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025. Paris: OECD Publishing.
Portafolio. (2025). Déficit fiscal de Colombia rompe récord y nivel de caja es el más bajo en cinco años. https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/deficit-fiscal-de-colombia-rompe-record
Restrepo, J. M. (2025). Análisis sobre la crisis fiscal en Colombia. Semana. https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/jose-manuel-restrepo-anticipa-grave-crisis-fiscal-en-colombia
Reuters. (2025). S&P reduce calificación de deuda de Colombia por deterioro fiscal. https://www.reuters.com/world/americas/sp-cuts-colombias-debt-rating-bb-over-declining-fiscal-results-2025-06-27
Rodríguez, C. M. (21 de agosto de 2025). Ni rompiendo la alcancía. La República. https://www.larepublica.co/analisis/cesar-mauricio-rodriguez-zarate-3545376/ni-rompiendo-la-alcancia-4206276.
Rodríguez, C. M. (9 de Septiembre de 2025). Contra la debacle de las finanzas públicas: tres propuestas. La República. https://www.larepublica.co/analisis/cesar-mauricio-rodriguez-zarate-3545376/contra-la-debacle-de-las-finanzas-publicas-tres-propuestas-4219708
Universidad de los Andes. (2025). Los impuestos en Colombia: ¿qué, cómo, cuánto y cuándo reformarlos? https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-negocios/los-impuestos-en-colombia-que-como-cuanto-y-cuando-reformarlos.
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Alejandro Piedrahita nació en Medellín el 2 de marzo de 1973. Se graduó como administrador de negocios de la Universidad EAFIT. Posteriormente realizó una Maestría en Ciencias (M.Sc.) en desarrollo económico en London School of Economics y un Programa en Alta Dirección Empresarial (PADE) de la Universidad de La Sabana. Adicionalmente, participó en el programa de gerencia general (General Management Program) de Harvard Business School.
Tiene más de 20 años de experiencia en estructuración y ejecución de proyectos en banca de inversión en temas de mercado capitales, finanzas corporativas, financiación (créditos sindicados y project finance), fusiones, adquisiciones y derivados.
Desde junio de 2015, ocupa el cargo de Vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas en Grupo Argos. Antes de ocupar este cargo, trabajó como Vicepresidente de Estructuración Mercado de Capitales en la Banca de Inversión Bancolombia S.A. desde el 2008, antes se desempeñó el puesto de Gerente de Estructuración de Productos Derivados en Bancolombia S.A. y también trabajó como Director de Investigaciones Económicas en Corfinsura S.A. y como Director de Proyectos Especiales en Susalud S.A.
Actualmente es miembro principal de las juntas directivas de: Cementos Argos, Celsia, Odinsa, comité de inversiones de Pactia y Aceros MAPA S.A., Corporación Surgir, miembro de Iluma (Premex S.A.S) y del Consejo Superior de la Universidad EIA.
Ha estado vinculado con la academia y ha sido profesor de cátedra en pregrado y postgrado en varias universidades como: EAFIT, EIA, Universidad Nacional, Universidad Javeriana y Universidad de Medellín.
Ningún miembro del Comité Directivo tiene la calidad de Persona Expuesta Políticamente de acuerdo con la definición del Decreto 1674 de 2016.
Ingeniero Civil en la Universidad EIA y realizó una especialización con énfasis en la Industria del Cemento en Inglaterra. Participó en el CEO’s Management Program de Kellogg School of Management y en el programa de Supply Chain Strategies de Stanford University. Adicionalmente, es egresado del programa de Alto Gobierno de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
Desde el 1 de abril de 2016, se desempeña como presidente de Grupo Argos, holding de infraestructura en el continente americano, líder en el negocio de cementos a través de Cementos Argos, con una plataforma única de inversión en concesiones viales y aeroportuarias administradas por Odinsa y un portafolio diferenciado e innovador tanto en energías convencionales como renovables gestionado por Celsia.
Antes de desempeñar su rol como presidente de Grupo Argos, desarrolló una carrera destacada como presidente de Cementos Argos, compañía líder en el negocio de Cemento en Colombia, con presencia en 15 países y actualmente el segundo productor de concreto de los Estados Unidos.
Este líder empresarial, que empezó su carrera en Argos en 1986 como practicante, desempeñó diversos cargos en Cementos Argos en el pasado, incluyendo la Vicepresidencia de Logística de Argos, la Gerencia General de Cementos del Nare, la Presidencia de Cementos Paz del Río y la Vicepresidencia Regional Caribe, con responsabilidades sobre las operaciones de Cementos Argos en Panamá, Haití, República Dominicana, Suriname y territorios insulares, así como el comercio internacional de la compañía.
Actualmente es miembro principal de las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia, Odinsa, Fundación Grupo Argos, la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI, Proantioquia, y el Consejo Superior de la Universidad EIA.